Aunque el mandato del presidente Trump reportó menos deportaciones que el presidente Obama, muchas personas todavía fueron deportadas y dejaron familias atrás para recoger los pedazos y continuar viviendo en los Estados Unidos sin su familiar. Las familias en esta situación siempre no están seguras de qué opciones están disponibles para el futuro y si pueden hacer algo para solucionar la situación. Esto depende en gran medida del método de deportación que utilizó el gobierno y cuáles son los antecedentes migratorios y criminales subyacentes que tenía la persona.
Por lo general, una persona es expulsada contra su voluntad (deportada) o se le concede el privilegio de irse bajo su propio poder y a su propio costo. Una orden de deportación significa que se ha encontrado que la persona no tiene derecho a permanecer en los Estados Unidos y un juez de inmigración ordena que esa persona sea expulsada de los Estados Unidos. Si esto sucede, sé requiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (por sus siglas en inglés, ICE) retire físicamente a la persona de los Estados Unidos dentro de los 90 días a partir de la fecha en que la orden del juez se convierta, en definitiva. Si el juez encuentra que la persona cometió ciertos tipos de delitos, será detenida sin fianza durante ese período de 90 días hasta que se complete la deportación.
Después de la deportación, no se le permitirá regresar a los Estados Unidos durante un número específico de años. El plazo exacto de la expulsión depende del motivo de la deportación y de los antecedentes penales de la persona. La mayoría de las personas son removidas por un período de diez años, pero el término puede variar de cinco años a de por vida (si el inmigrante tiene un delito agravado en su historial criminal).
En contraste, la salida voluntaria permite a una persona salir de los Estados Unidos dentro de un cierto período de tiempo por su cuenta y no habrá ninguna orden de deportación registrada. Este es un privilegio y por eso, debe ser solicitado. Una persona puede solicitar la salida voluntaria ante el Servicio de Inmigración o del juez de inmigración. Se considera una forma discrecional de alivio, ya que un solicitante no tiene derecho a la salida voluntaria y el gobierno no tiene que concederla.
La ley contiene ciertos requisitos de elegibilidad para los solicitantes de salida voluntaria. Por ejemplo, a las personas condenadas por ciertos delitos no se les puede conceder la salida voluntaria incluso si el juez quisiera darla. En realidad, es más fácil obtener la salida voluntaria al comienzo de su proceso de deportación que al final, por lo que es importante hablar con su abogado de inmigración sobre esta opción si no tiene opciones reales para luchar contra su caso de deportación. Incluso si técnicamente cumple con los requisitos básicos de elegibilidad para la salida voluntaria, un oficial de inmigración o juez tiene el poder de considerar si realmente lo merece o no.
Uno de los beneficios importantes de la salida voluntaria es que no genera un período de inadmisibilidad como lo hace una orden de deportación. Esto permite a una persona pueda solicitar otros procesos de inmigración en el futuro si califica para ellos. Sino hay una deportación registrada, una persona será elegible para procesos como una visa U o una de residencia patrocinada por la familia sin tener que esperar 5 o 10 años fuera de los Estados Unidos antes de seguir adelante con la solicitud. También se prefiere la salida voluntaria porque permite a la persona tener control sobre sus vidas y tener la dignidad para organizar su propia salida de los Estados Unidos y no se verá obligado a viajar bajo el control de los agentes de inmigración. Esto también significa, sin embargo, que la persona debe pagar sus propios gastos y a menudo tendrá que pagar una fianza para garantizar que seguirá la orden de salida.
Si tiene alguna pregunta sobre las opciones después de una deportación previa, llámenos o envíanos un mensaje de texto al +1 888 589 2228 para programar su consulta.
