A medida que el gobierno de Biden sigue aprendiendo a administrar el gobierno, probablemente ningún otro departamento ha sido tan difícil como el de inmigración. Aunque Biden tuvo un comienzo muy agitado en su primer año, la gran cantidad de problemas que heredó de la administración anterior como consecuencia de las políticas de mano dura relacionadas con todo lo relativo a la inmigración. Un buen ejemplo de ello son los continuos problemas con los solicitantes de asilo y los que intentan entrar en Estados Unidos por la frontera sur. Probablemente ningunapolítica de Trumpfue más criticada que la de «Permanecer en México», y sin embargo esa política sigue siendo ley vigente.
Recientemente se pidió al Tribunal Supremo de EE.UU. que revisara la sentencia anterior «Permanecer en México». El 13 de diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito dictaminó que el gobierno federal está legalmente obligado a devolver a los migrantes a México. Tras la reimplantación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) de la era Trump, comúnmente conocidos como el programa «Permanecer en México», el Departamento de Justicia instó al Tribunal Supremo a reconsiderar las sentencias de los tribunales inferiores. Los abogados de la administración argumentaron que el tribunal federal de apelaciones que confirmó la sentencia de un juez federal de distrito de Texas había ofrecido «interpretaciones novedosas y erróneas» de las leyes de inmigración y administrativas al exigir que se reviviera la política MPP. Aún no se ha notificado si el tribunal conocerá o no del caso.
El programa «Permanecer en México» está recibiendo atención adicional para quienes se encuentran en la frontera entre San Diego y Tijuana. El lunes 3 de enero, San Diego se convirtió en la segunda ciudad fronteriza estadounidense en la que las autoridades federales reiniciaron el programa «Permanecer en México». Los agentes de la Patrulla Fronteriza de San Diego pueden ahora inscribir en el programa a las personas que sean detenidas al cruzar la frontera. No hubo solicitantes de asilo devueltos inmediatamente a Tijuana, pero es probable que las primeras devoluciones de San Diego a México se produzcan en algún momento de esta semana. Las primeras devoluciones no se produjeron inmediatamente después de ser detenidos porque los solicitantes de asilo que dicen tener miedo de volver a México tienen hasta 24 horas para consultar con abogados antes de las entrevistas de selección, en las que deben explicar que su miedo se basa en una «posibilidad razonable» de sufrir daños.
Mientras se sigue debatiendo el destino del programa «Permanecer en México», se han hecho progresos en México con las decenas de migrantes que han estado intentando entrar en Estados Unidos sin permiso. El gobierno mexicano anunció recientemente que había desmantelado un gran campamento improvisado con miles de migrantes. Las autoridades desmantelaron el campamento de migrantes en Tapachula, México, y muchos de los migrantes (muchas familias con niños) llevan meses viviendo en las condiciones similares a las de una prisión. Antes de desmantelar el campamento, el Instituto Nacional de Migración (INM ) de México concedió permiso a unos 3.000 migrantes para tramitar sus documentos de viaje, lo que les permitiría abandonar legalmente el campamento e incorporarse a la sociedad mexicana. Los funcionarios del INM entregaron a los migrantes un código QR que los registra para completar su proceso de «regularización». Los migrantes que abandonen el campamento deberán entonces encontrar su propia vivienda y una forma de mantenerse a sí mismos y a sus familias o regresar a sus hogares en otras partes de Centroamérica.
Aunque la mayoría de los problemas actuales de inmigración a los que se enfrenta el gobierno de Biden están relacionados con la frontera sur y los inmigrantes de Centroamérica, los problemas de inmigración no se limitan a Centroamérica. Un gran problema al que se ha enfrentado Biden se derivó de la repentina retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la crisis resultante. Por desgracia, las cosas no han mejorado para los afganos que ayudaron al gobierno estadounidense durante los últimos 20 años. Recientemente, a cientos de afganos se les denegaron visados humanitarios para entrar en EE.UU. En las últimas semanas, los funcionarios federales de inmigración han emitido cientos de cartas de denegación a afganos que pretendían entrar temporalmente en EE.UU. por razones humanitarias. Desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el USCIS ha recibido más de 35.000 solicitudes de visado humanitario. Hasta ahora, el USCIS ha denegado unas 470 de estas solicitudes y ha aprobado condicionalmente más de 140. Aunque no se ha prestado una ayuda significativa a estas personas, el gobierno de Biden ha seguido ayudando a evacuar a más de 2.200 afganos desde la retirada militar estadounidense.