A pesar de su falta de acción, parece que el Senado está tomando sus propias medidas para conceder a los venezolanos el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este proceso concedería la capacidad de vivir y trabajar en el país durante periodos de tiempo de uno o dos años, con derecho a renovaciones. No se sabe con certeza qué proceso utilizará el gobierno ni cuándo abrirá realmente el proceso, pero seguimos siendo optimistas de que algo ocurrirá pronto.
En otras noticias, el 28 de enero, el Departamento de Justicia revocó oficialmente la política fronteriza de «tolerancia cero» de Trump de 2018, que condujo a la separación de familias tras sus cruces ilegales de la frontera. La política de Trump exigía que todos los cruces no autorizados fueran procesados para su deportación y que los capturados fueran detenidos a la espera de que concluyera el proceso judicial. El resultado fue la separación de los niños de sus padres, ya que una norma de la era Clinton prohibía mantener detenidos a los niños durante más de dos semanas, aunque fuera con sus familias. Con la antigua política, los niños eran entregados a otros miembros de la familia o transferidos a centros de acogida. No está claro cómo gestionará el gobierno la futura detención y deportación de adultos ni qué será de sus hijos.
Como demandar al presidente y a su administración se ha convertido en algo habitual bajo la administración Trump, ahora vemos que ningún presidente es inmune a las demandas por decisiones y políticas tomadas mientras ejecuta sus planes administrativos para el país. Tras sólo tres días en el cargo, el presidente Biden fue demandado ante un tribunal federal por su decisión de romper un acuerdo del gobierno federal con varios estados fronterizos en su intento de reducir muchas de las políticas de inmigración de Trump.
En su primer día de mandato, Biden anunció una pausa de 100 días en todas las deportaciones que violaran el acuerdo Sanctuary for Americans First Enactment(SAFE). Seis días después del anuncio, un juez federal dictó un bloqueo temporal a la acción de Biden. Otro estado fronterizo estadounidense amenaza con unirse a la lucha y demandará al gobierno de Biden si no se revoca pronto la pausa en las deportaciones. Podemos esperar ver muchas más demandas en el futuro a medida que Biden intente aplicar sus políticas de inmigración. Sólo podemos esperar que su administración esté preparada para estas batallas venideras, ya que estos cambios son importantes para muchos inmigrantes y sus familias.